Omisión de autoridades ante casos de violencia obstétrica

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Brisa Gómez, corresponsal

VIOLENCIA
Omisión de autoridades ante casos de violencia obstétrica
En Veracruz, predomina desinformación entre usuarias
 
Xalapa, 9 ago 11 (CIMAC/AVC).- La Secretaría de Salud del estado de Veracruz ha incumplido con su obligación legal de castigar los malos tratos que comete personal médico contra mujeres que requieren atención durante el embarazo, parto o puerperio, señaló Emma María Reyes Rosas, coordinadora estatal del Comité Promotor por una Maternidad Segura.
 
La experta acusó que el gobierno estatal tampoco ha hecho su tarea para que la población, en particular las mujeres, conozca sus derechos sobre este tema y proceda a denunciar la llamada “violencia obstétrica”, estipulada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.
 
Tal legislación fue promulgada el 28 de febrero del 2008 y define a la “violencia obstétrica” como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
 
Asimismo, la violencia de ese tipo se presenta al “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical”.
 
Igualmente, cuando se obstaculiza el apego precoz del niño o niña
con su madre sin causa médica justificada, se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, y cuando se practica el parto por vía cesárea, “existiendo condiciones para el parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
 
Cabe destacar que la Ley de Violencia de Veracruz es la única en todo el país que estipula y castiga la “violencia obstétrica”.
 
En entrevista, Emma María Reyes invitó a la población a presentar sus quejas y denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico estatal (Codamed) o llamar al 01 800 26 26 2 para recibir atención sobre este tema.
 
Explicó que en Veracruz es común la falta de atención a las mujeres, la negativa de ingreso o de atención médica cuando llegan en estado de gravedad en el embarazo y “llegan prácticamente a morirse a los hospitales”, el desabasto de medicamentos e insumos para su atención, la falta de médicos y enfermeras en las clínicas y en hospitales, y los retrasos en la atención de la emergencia obstétrica.
 
Reyes Rosas recalcó que las dependencias públicas han hecho de lado su responsabilidad para difundir esta situación, lo que ha mantenido a las mujeres en la indefensión en cuanto se presentan las irregularidades y que pueden incluso llegar a costarles la vida, especialmente cuando se trata de conductas que llegan a presentarse en momentos de vulnerabilidad, como son el embarazo, parto o puerperio.
 
Expresó que incluso “los médicos y las autoridades no están preparados para enfrentar el abordaje de este tema, entonces hay mucho temor porque pueden ser sancionados y entonces eso refuerza una cultura del miedo que invisibiliza dónde quedó la responsabilidad”.

Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:Gladis Torres Ruiz

DERECHOS HUMANOS
Firma Estado mexicano acuerdo de solución amistosa por caso de feminicidio
Se compromete con CIDH a esclarecer asesinato de Paloma Escobar
 
México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- El Estado mexicano firmó un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de feminicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma, cometido en 2002 en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que se comprometió, entre otras cosas, a esclarecer su asesinato y reparar el daño a su familia.
 
En entrevista telefónica con Cimacnoticias, Norma Ledezma, madre de Paloma, informó que el pasado 3 de agosto las y los peticionarios ante la CIDH -la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Justicia para Nuestras Hijas y el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil)- firmaron este acuerdo con representantes del Gobierno del estado de Chihuahua y del Gobierno Federal.
 
La también directora- fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, precisó que el acuerdo se da luego de varios meses de negociación.
 
Recordó que el año pasado después de que la CIDH emitió las recomendaciones al gobierno de la entidad por el caso de Paloma, se llevó a cabo el proceso de cambio de gobierno, por lo que fue en diciembre cuando iniciaron las pláticas con el gobierno encabezado por César Horacio Duarte Jáquez.
 
Finalmente el miércoles pasado se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal y estatal se ven obligados a ejecutar (sin plazos) las distintas medidas de reparación, la cuales incluyen las investigaciones para esclarecer el asesinato de Paloma, así como identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables.
 
Los compromisos implican la  reparación  a los padres y al hermano de la joven por las múltiples violaciones a sus derechos humanos, una disculpa pública de parte de  autoridades federales y estatales y un monumento en honor a la memoria de Paloma.
 
También establece la implementación de políticas publicas a favor de los derechos humanos (DH) de las mujeres de la entidad, como incluir en las universidades las materias de perspectiva de género y DH, la promoción de campañas de difusión para  respetar y garantizar los DH y capacitar al personal que se encarga de investigar los casos de feminicidio entre otras, detalló Norma Ledezma.
 
La activista señaló que en caso de que el Estado incumpla con las recomendaciones signadas, la CIDH determinaría si el caso se remite a la Corte. Recordó que en la Comisión aun quedan dos casos pendientes, el de Silvia Arce, que desapareció en 1998 en Chihuahua y el de Minerva Teresa Torres Avendaño desaparecida en 2002.
 
“Tenemos estos dos casos en espera,  los cuales estamos reactivando, el resultado del caso de Paloma nos alienta y nos da señales de que vamos por muy buen camino”.
 
EL LARGO CAMINO A LA JUSTICIA
 
Paloma era estudiante de computación y trabajadora de una maquiladora de Ciudad Juárez, desapareció el 2 de marzo de 2002. Fue encontrada muerta el 29 de marzo del mismo año en el kilómetro 4.5 de la carretera de Chihuahua a Ciudad Aldama, a unos 800 metros de la carretera. A partir del hallazgo se inició la investigación para identificar y sancionar a los responsables, sin embargo, no se obtuvieron resultados concretos.
 
Mientras Paloma estuvo desaparecida las autoridades se centraron en su vida personal y sus relaciones sociales y familiares, en lugar de iniciar su búsqueda y otras acciones para su pronta localización, afirmó Justicia para Nuestras Hijas, organización fundada por la madre de Paloma.
 
Ante esta situación, el 30 de diciembre de 2003, los peticionarios denunciaron ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado mexicano por  irregularidades e inconsistencias en la investigación de los hechos referentes a la desaparición y posterior asesinato de Paloma Angélica Ledezma
 
Alegaron que la falta de investigación en el caso formaba parte de un panorama general de discriminación ejercida en contra de las mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez.
 
Denunciaron el retardo injustificado y la negligencia practicada por las autoridades al momento de investigar y esclarecer las circunstancias de la muerte de Paloma, por lo que lo responsabilizaron de su muerte.
 
Ante tales cuestionamientos el Estado mexicano respondió que la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos para esclarecer el caso y afirmó que “cuenta con un aparato de justicia y de seguridad pública que tiene por objeto prevenir la perpetración de delitos, sin embargo, no es posible para ningún Estado erradicar todo crimen en una sociedad determinada“.
 
La CIDH aceptó el caso el 14 de diciembre de 2006 y el 2 de agosto de 2010, aprobó un informe de fondo y efectuó sus recomendaciones al Estado mexicano de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
 
De no cumplir el acuerdo signado el 3 de agosto de 2011, el caso se podría remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos convirtiéndose en el segundo que llega al máximo tribunal de justicia de la región por el tema de feminicidio.

Denuncia periodista nicaragüense amenazas de muerte

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/Por:la Redacción

INTERNACIONAL
Denuncia periodista nicaragüense amenazas de muerte
Defensores de DH pedirán protección para ella y su familia

México, DF, 8 ago 11 (CIMAC).- La periodista Silvia González, corresponsal de El Nuevo Diario en la ciudad de Jinotega- ubicado a 150 kilómetros al norte de Managua- denunció ante organizaciones de derechos humanos de la capital nicaragüense, las amenazas de muerte que ha recibido por parte de desconocidos.

La periodista, acompañada por Francisco Chamorro, director del diario, acudió al Centro Nicaragüense de derechos humanos (CENIDH) y a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde fue recibida por sus respectivos directores que le manifestaron su respaldo y solidaridad.

Ante ellos relató las amenazas recibidas en su teléfono móvil a través de mensajes en los cuales le advierten que desista de su labor periodística porque de lo contrario le darán “donde más le duele”.

Con la voz entrecortada la periodista González dijo que teme por la vida de sus hijos que son lo más importante para ella y piensa que la amenaza podría estar en ese sentido.

La comunicadora dijo que el lunes 1 de agosto presentó su denuncia ante la Policía Nacional de la ciudad de Jinotega, donde le aseguraron que investigarán el caso. Sin embargo para ella, esta acción es insuficiente pues está desprotegida.

Vilma Nuñez, presidenta del CENIDH, se comprometió a realizar todas las gestiones correspondientes ante las autoridades a las que pedirán protección para la periodista, mientras que Francisco Chamorro, aseguró que no es la primera vez que quieren silenciar el trabajo de los periodistas de este medio, “en otras ocasiones el editor Luis Galeano también ha recibido amenazas de muerte”.

Silvia González se ha destacado por su labor periodística como corresponsal en la zona norte del país en la fuente política y dándole voz a la ciudadanía.

4ºResumen de noticias Agosto 2011

STAFF:MTXNoticias.com/CanalMatrix/CIMAC/por:Gabriela Mendoza Vázquez

Inauguran en Campeche Centro de Justicia para las Mujeres. Periodista michoacana presenta denuncia  por detención ilegal. Unicef presenta estudio sobre infancia migrante en Chiapas
 
Inauguran en Campeche Centro de Justicia para las Mujeres 
México.- La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Gobierno de Campeche, inauguraron el pasado sábado el primer Centro de Justicia para las Mujeres en la entidad, que pretende dar una atención integral a las víctimas de violencia.  
 
Según la Conavim, este centro será un lugar confortable y seguro donde las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia podrán acceder a los servicios básicos de acompañamiento, procuración e impartición de justicia, atención médica y psicológica y contará con un representante de la Procuraduría de Defensa del Menor, de la Mujer y la Familia y se instalará un refugio para aquellas mujeres que lo requieran.
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Periodista michoacana presenta denuncia  por detención ilegal
Washington.- La periodista michoacana Yuri Galván Quesada del periódico Provincia, presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una queja contra Gildardo Oropeza, director de un Centro de Salud en Morelia, por intimidación, detención, retención ilegal, abuso de la fuerza pública, abuso de poder y violación a la libertad de expresión, mientras ésta realizaba una investigación periodística.
 
Galván relató que su arresto ilegal ocurrió tras el cuestionamiento que hizo al director del nosocomio, Gildardo Oropeza, respecto al cobro por los servicios del Seguro Popular en aquel hospital. En su reacción, Oropeza llamó a una patrulla y ordenó que esposaran a la periodista, que posteriormente fue trasladada al Centro de detención Barandillas.
 
La reportera responsabilizó a Oropeza por lo que le llegara a suceder a ella y a su familia, ya que teme represalias. Con información del blog Periodismo en las Américas.
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Unicef presenta estudio sobre infancia migrante en Chiapas
México.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y la Universidad de Lanús de Argentina, presentaron en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un estudio sobre estándares jurídicos básicos para niñas y niños migrantes en América Latina y el Caribe.

El documento presenta los principales avances, problemas y tareas pendientes en materia de políticas migratorias hacia la infancia en la región y analiza los estándares, principios y obligaciones concretas que los Estados deben cumplir en materia de derechos humanos de los migrantes.
 
Para consultar el estudio acudir a la página http://www.unicef.org/mexico