Aunque el gobierno reconoce responsabilidad,protege a militares

STAFF:MTXnoticias/Agencia:Cimac/Por Carolina Velázquez, enviada
DERECHOS HUMANOS
Aunque el gobierno reconoce responsabilidad, protege a militares
Respuesta a demanda de justicia para indígenas violadas en 1994

San Salvador, El Salvador, 20 oct 10 (CIMAC).- En
agosto pasado, por primera vez, el Estado
mexicano dio respuesta al caso de las indígenas
tzeltales, violadas el 4 de junio de 1994, por
elementos del ejército en un retén del municipio
de Altamirano, Chiapas, poco después de la insurrección zapatista.

La respuesta llega nueve años después de que la
petición la recibió la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y tiene que ver con las
dos recomendaciones contenidas en el Informe de
Fondo número 53/01 caso 11.565 de la CIDH.

En dicho informe, se requiere que el Estado
mexicano investigue, y en su caso sancione,
diversas violaciones a derechos humanos
denunciadas por tres jóvenes indígenas tzeltales
y su madre, y repare integralmente el daño causado a sus personas.

El caso fue llevado a la CIDH por el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil),
el Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas
(Colem) y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Martha Figueroa, integrante del Colem y abogada
defensora de las cuatro indígenas señala, en
exclusiva para Cimacnoticias, que esta respuesta
–aún cuando llega casi al cumplirse una década–
es importante, ya que es “la primera vez que el
Estado Mexicano ofrece una propuesta de
reparación del daño, por lo tanto reconoce su
responsabilidad”, tratándose de un caso que
involucra directamente al ejército mexicano.

— ¿Qué propone el gobierno en su respuesta con
relación a la participación de elementos del ejército en estos hechos?

“Nada, la respuesta sólo se va a la cuestión
económica. No indica ningún punto de investigación a los militares.

“Este tema se discutió en una mesa de trabajo con
el presidente de la CIDH, en la que participaron
representantes del gobierno mexicano y del
ejército. Desde entonces, la Comisión les señaló
que este caso era la única resolución que México
tenía como incumplida, pues las otras estaban en
trámite o ya se habían ido a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

“Tramposamente, el gobierno mexicano explicó que
había cerrado la investigación respecto al fuero
militar, pues no encontró desde su jurisdicción
responsabilidad alguna. Es decir, se lavaron las
manos. Y ‘nos aconsejaron’ que podíamos
interponer un amparo contra esta resolución y
así, el caso pasaría del fuero militar al civil”.

“Es tramposa esta propuesta porque ellos saben
muy bien que esto no es ninguna solución, ni hay
cambio real de jurisdicción, como ya lo señaló la
CoIDH en el caso de Rosendo Radilla y de Inés y
Valentina. En estas tres sentencias el gobierno
mexicano está obligado a cambiar la investigación del fuero militar al civil”

— ¿Qué significa en términos de derechos humanos
para las mujeres tzeltales esta respuesta?

“Abre una pequeña oportunidad de acción de la
justicia para ellas y su familia, por varios motivos.

“Para las González es muy importante que por
primera vez el Estado reconozca que las violentó
y violó sus derechos. Y esperan que, como parte
de la reparación del daño, la investigación pase
a las autoridades civiles, el ejército deje de
molestarlas y señalarlas de algo que no fue su
culpa. De esta manera, en su comunidad dejarán de
verlas como mujeres ‘marcadas’ que fueron usadas
por elementos del ejército en contra de su comunidad.

“Esto les causó un enorme daño en la relación con
su familia, el pueblo y, sobre todo, frente a una
situación de conflicto armado interno, en donde
fueron igual que otras indígenas tratadas como
botín de guerra y un medio para golpear a ‘los
transgresores’, como le llama el ejército al
movimiento zapatista que aún sostiene bases de apoyo en Chiapas.

“Estas indígenas tzeltales viven en una zona
donde el conflicto armado sigue. Hay presencia
del ejército zapatista y de elementos del
ejército mexicano. Comparten el territorio. Las
instituciones han buscado por todas las maneras
integrar a las comunidades indígenas a sus
proyectos, provocando división y enfrentamientos.

“Es el caso reciente del desalojo de la población
indígena en la Lacandona apenas en agosto pasado,
la comunidad en donde ellas viven está en la
puerta de entrada a la selva, a hora y media del
lugar donde se hicieron los desalojos”.

— ¿Cómo vivió la familia González este proceso de tantos años?

“Con miedo, sin dinero, desplazándose de un lado
a otro, agravando los problemas que ya vivían
como indígenas, producto de una vieja
marginación, en un medio donde persisten
enfermedades endémicas relacionadas con la
pobreza: desnutrición, tuberculosis, sarna, tifoidea, incluso, lepra.

“El proceso que ellas han pasado en todo este
tiempo, ha sido muy difícil en varios sentidos. A
16 años de los hechos. Dos de ellas eran niñas de 12 y 16 años.

“Vivieron una investigación muy violenta que las
revictimizó por parte de la Procuraduría Militar,
instancia que atendió el caso únicamente para
tratar de desacreditarlas, afirmando que no
habían tenido ningún ataque y que la denuncia era
parte de una estrategia de los zapatistas (les
llamaban transgresores de la ley) para calumniar
y manchar la imagen del ejército.

“La Secretaría de la Defensa (Sedena) llegó a
intimidarlas en sus comunidades. También
allanaron mi domicilio particular y presentaron
una denuncia de difamación y calumnia contra el
periodista de La Jornada, José Gil Olmos, el
primer reportero que difundió la noticia de la
violación y la agresión contra ellas y la abogada del Colem.

“Ante esta situación, las hermanas González y su
madre, tuvieron que salir huyendo. Los elementos
del ejército llegaron a mi casa, me presionaron
para que asistiera a las instalaciones militares
de su Ministerio Público y declarar sobre el
caso. Querían obligarme a llevar a declarar a las
indígenas agredidas sexualmente por ellos.

“Una de ellas fue repudiada por su pareja, y otra
perdió un bebé de dos meses de edad. La mayor
abortó después de ir a una de las diligencias del
Ministerio Público Militar, en diciembre de 2004,
cuando colaboraba con la Sedena el gobierno de
Chiapas, con Pablo Salazar al frente”.

— ¿Qué sigue ahora?

“Al conocer la propuesta del gobierno, hoy las
hermanas González y su madre están por responder
si aceptan esta propuesta y en qué condiciones.
Una de sus peticiones será que su mamá debe ser
incluida en la reparación del daño, pues el gobierno sólo cita a las hermanas.

“También rechazan las ‘prestaciones sociales’ que
ofrece el gobierno. No tienen la pertinencia cultural de ellas ni de su pueblo.

“Ellas consideran que se trata de programas y
proyectos que las autoridades ofrecen y otorgan
en general a la población en extrema pobreza, no
es nada especial para un caso de violencia y
tortura como el que han padecido. Además, es
parte de las políticas que desde sus comunidades
han denunciado como la causa de conflictos,
coptación y control para neutralizar la fuerza de los zapatistas.

“Hay varias de estas ‘prestaciones’ que incluso
son imposibles de realizar. Hablan de
otorgamiento de becas de estudio y en su comunidad no hay escuela”.

“De atención para la salud en el Programa de
Seguro Popular (que impulsa el gobierno federal)
y no existe ninguna instalación de Salud cercana
a su pueblo, las que hay están lejísimos y no
tienen la capacidad para brindarles el
tratamiento médico y psicológico que se requiere
para las mujeres que han vivido una agresión sexual”.

“Hay una propuesta de incorporación de las
víctimas a programas de proyectos productivos que
las González no aceptan, en razón de que están
condicionados al pago de contribuciones en
determinado plazo, lo que generaría situaciones
de deudas que no podrían solventar”.

— Ante este rechazo, ¿qué tendría que hacer el gobierno?

“Dos cosas. Una cumplir con la reparación del
daño como lo marca la resolución de la CIDH, en
el marco de los estándares internacionales de
derechos humanos. La otra hacer justicia y
reiniciar la investigación de estos graves
delitos desde el fuero civil y no militar.

“Las condiciones jurídicas y documentales
existen, no hay vuelta de hoja, lo difícil aquí
es cambiar la voluntad del gobierno mexicano para
dejar de proteger a los elementos del ejército
que han violado a las mujeres, en éste y otros
casos, y que esta situación de violencia y agresión no se repita.

“Si no lo hace, la impunidad seguirá siendo la
prebenda del gobierno mexicano al ejército para sostenerse en el poder”.

Publicado por Agencia de Noticias Matrix

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