Institutos de la Mujer, alfiles del gobernador

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por:Anayeli García Martínez y Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Institutos de la Mujer, alfiles del gobernador
Por vacíos legales son designadas por “dedazo”

CIMACFoto: César Martínez López

CIMACFoto: César Martínez López

El desprecio de los gobiernos hacia los mecanismos para el adelanto de la población femenina es tal, que ni siquiera establecen garantías para que sean encabezados por mujeres capaces.

Las titulares de los mecanismos para el adelanto de las mujeres son designadas por los ejecutivos estatales, y por tanto son afines al gobierno local o familiares de algún político, y carecen de habilidades administrativas o conocimientos de los derechos femeninos, lo que denota un desinterés de las autoridades hacia las instituciones promotoras de las políticas de género.

Lo grave de que las funcionarias sean elegidas por “dedazo” (imposición) –coinciden investigadoras y activistas–, es que cuando la directora de la instancia no cubre el perfil, su posición será apegada al gobierno en turno y carecerá de una agenda propia.

El papel de las directoras es importante, ya que a decir de la investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex María Luisa Tarrés, las acciones de los mecanismos dependen de la calidad de los vínculos que sus responsables tengan con el gobierno y la sociedad civil locales.

En su artículo “Reflexiones sobre el feminismo y los institutos de las mujeres”, Tarrés explica que además de la trayectoria de las dirigentes, también entra en juego su postura partidaria, sus interpretaciones sobre el género y la estructura administrativa, ya que tendrán que trabajar conforme lo dicte la instancia de quien dependan.

Si bien en el Inmujeres por ley hay un método de elección y un perfil definido para su presidenta, en los estados no hay lineamientos que garanticen a la titular más capaz.

En el caso del Instituto de la Mujer Guanajuatense (Imug), el gobernador elige a la directora que de entrada debe ser panista (por ser el PAN el partido hegemónico en la entidad).

En opinión de Maribel Arellanes, feminista e impulsora del Imug en 2001, pareciera que la titular debe dedicarse al tema de “la belleza”.

Y es que la actual directora del instituto es Adriana Rodríguez Vizcarra, quien fundó un grupo de promotoras de una marca de cosméticos. Según Arellanes, si bien esto es una fuente de trabajo para muchas mujeres, en la realidad no responde a una agenda de género.

SIN CUMPLIR PERFILES

Para las activistas, estar al frente de estas instancias no es menor, pues la presidenta debe atender tareas como administrar y representar legalmente al instituto, instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos, formular programas y presupuestos, y si bien tiene todo un equipo, la titular es la cara visible de todo el proceso.

Otro caso donde no importa el perfil es el de la vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (Cemybs) del Estado de México. En este caso, la instancia no es exclusiva para impulsar políticas de género, pues también atiende a otros grupos de la población y no está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que depende del Ejecutivo estatal.

La actual titular del Cemybs, la priísta María Mercedes Colín Guadarrama, es contadora pública y fue alcaldesa de Amanalco y diputada local, cargo en el que trabajó temas como fiscalización, planeación, recursos naturales y migración.

Aunque debería sobresalir por su desempeño en las áreas de igualdad, una de sus funciones más relevantes fue como subsecretaria del Medio Ambiente estatal de 2009 a 2011.

A decir de Gabriela Delgado Ballesteros, feminista e investigadora  de la UNAM, los institutos de la Mujer son usados como herramienta de proselitismo político, y por ello la persona a quien se le asigna la dirección depende de “acuerdos políticos o de las necesidades de los gobernadores”.

Otra designación por “dedazo” fue la de Sasil Dora de León Villard, titular de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas (Sedem), en mayo de 2013. Antes de este cargo, De León fue diputada local por el PVEM.

Martha Figueroa Mier, directora del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, dice que a la titular no le interesa colocar en la agenda las problemáticas de las mujeres.

Como ejemplo, menciona que ante las denuncias de violencia de género –que cobró la vida de 90 mujeres en 2013 y 97 en 2012–, De León se limitó a regalar flores y bolsas del mandado a las chiapanecas, para “felicitarlas” por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre.

En Chihuahua, las organizaciones civiles acusan que las titulares del Instituto Chihuahuense de la Mujer están apartadas de las demandas femeninas, y se mantienen ajenas a problemas como el feminicidio.

Por ello solicitaron la renuncia de Luisa Fernanda Camberos Revilla, directora de 2006 a 2010, por considerar que sólo seguía la línea de los gobiernos federal y estatal de intentar ocultar la violencia de género en la entidad.

Camberos Revilla fue testigo del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante el juicio por el caso Campo Algodonero, y en lugar de admitir la negligencia del gobierno de Ciudad Juárez, aseguró que desde su instituto se implementaban programas a favor de las mujeres.

Asimismo omitió mencionar que en 2008 se cortaron las becas que entregaba a hijas e hijos de madres víctimas de violencia.

La ex funcionaria, identificada por promover los valores familiares, ahora forma parte del Consejo Consultivo del instituto actualmente dirigido por Emma Saldaña Lobera.

En este contexto, Delgado Ballesteros destaca que se debe transitar a una nueva concepción de lo que es una política pública a favor de las mexicanas, pues los mecanismos actualmente son asistenciales y no consolidan programas o políticas para el desarrollo de las mujeres.

“Edén” tabasqueño expulsa a miles de mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix HD/CimacNoticias/por: Lizbeth Ortiz Acevedo, enviada

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LA OTRA RUTA MIGRATORIA
REPORTAJE

“Edén” tabasqueño expulsa a miles de mujeres
Emigran ante falta de empleo por daños al medio ambiente

Imagen retomada de Kaos en la Red

Imagen retomada de Kaos en la Red

El progreso que alguna vez trajo Pemex a la entidad devino en pesadilla, al orillar a la población femenina rural a dejar el país en busca de oportunidades laborales.

En el “edén” de Tabasco (al sureste de la República Mexicana), la miseria, el ecocidio y el rezago social han provocado la migración de miles de mujeres rurales hacia Estados Unidos.

Tras desvanecerse el “boom” económico impulsado por Petróleos Mexicanos (Pemex) en esa entidad durante los años 80 (con empleos bien remunerados en la industria energética y en los sectores agrícola y ganadero), llegaron la pobreza, la desintegración familiar y la destrucción del medio ambiente en varias comunidades del estado.

Efraín Rodríguez, asesor jurídico del civil Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), responsabiliza a la paraestatal del daño ecológico en la entidad y de la destrucción del tejido social, que han derivado en la migración de miles de mujeres que antes se dedicaban a labores del hogar, la agricultura o la pesca.

Explica que en las últimas tres décadas, Pemex ha desarrollado procesos para la extracción y conducción del petróleo, así como para el procesamiento de hidrocarburos, que destruyen la naturaleza y en consecuencia ha llevado a que comunidades pesqueras y agrícolas queden sin trabajo y alimento.

DESTRUCCIÓN

Rodríguez también apunta que actualmente Pemex no otorga empleos a la población originaria de Tabasco, ya que trae a personas ya contratadas desde Tamaulipas, Veracruz o Campeche.

De acuerdo con cifras del Inegi, desde 1994 el sector agrícola en Tabasco perdió 2.5 millones de empleos, 600 mil de los cuales fueron en la producción de granos básicos, lo que provocó que cinco millones de campesinos, en su mayoría jóvenes, se fueran a EU.

Según la investigación “¿Quién dice que no hay hambre y desempleo?”, realizada por el Codehutab en 2008, en una zona conocida como La Isla, el 80 por ciento de los hombres que habitaban el lugar se dedicaban a la agricultura y el 90 por ciento de las mujeres eran amas de casa, mientras que el 10 por ciento restante trabajaban en la ciudad como empleadas en algunos comercios.

Hoy, por ejemplo, en el municipio de Paraíso, a 60 kilómetros de Villahermosa, capital del estado, y donde se encuentra el Puerto Dos Bocas, uno de los más importantes en el país por la exportación de hidrocarburos, se observan palapas abandonadas, locales comerciales cerrados y algunos restaurantes que se niegan a dejar de funcionar porque han logrado traer mariscos desde el vecino Campeche.

Paraíso, antes una esplendorosa comunidad pesquera, ya no desarrolla este trabajo tras los daños ecológicos provocados por Pemex.

Y son precisamente las mujeres de Chiltepec, una villa perteneciente a este municipio, quienes se convirtieron en jefas de familia al tener que comenzar a trabajar la jaiba, luego de la migración masculina que también mermó la producción de coco.

María Asunción, de 23 años, quien emigró en 2012 a Louisiana, EU, explica que tras el cierre de la empacadora de jaiba en Chiltepec, los dueños de origen norteamericano decidieron reubicarla en el país del norte, por lo que les ofrecieron trabajo cada año durante siete u ocho meses a las mujeres de la comunidad para continuar la labor que realizaban en Tabasco.

Relata que ella junto con su madre y otras mujeres de su comunidad comenzaban su jornada laboral a las 3 de la mañana, para obtener en “días buenos” hasta 400 dólares semanales (5 mil 300 pesos mexicanos), o 150 en “los malos” (cerca de 2 mil pesos mexicanos), y así enviar dinero a sus familias, pagar su manutención y ahorrar para su regreso a México.

Además, el viaje a EU ellas lo tienen que pagar ya que los empleadores no les garantizan la visa de trabajo y tampoco les envían dinero para su traslado, detalla María Asunción.

Esta mujer, quien dejó sus estudios de medicina ante la falta de recursos para solventar su carrera, dice admirar a su madre, quien lleva 21 años emigrando al país vecino para trabajar la jaiba y mantener a sus siete hijos.

NULO DESARROLLO

María Asunción también señala a Pemex como el responsable de la devastación económica y familiar en su comunidad, y denuncia que la empresa no apoya a la población pese a la destrucción de los manglares, ríos y terrenos fértiles para la agricultura.

Lucila Domínguez, de 63 años y quien viajó cada año a Carolina del Norte desde 1996 hasta 2008, narra que fue contratada para preparar la comida de las trabajadoras jaiberas.

Cansada de tanto emigrar, esta mujer decidió quedarse definitivamente en su comunidad y vender comida para sostenerse económicamente, ya que aunque trabajó muchos años fuera del país su nivel de vida nunca mejoró.

Gran desabasto de anticonceptivos en zonas rurales de Chiapas

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Itandehui Reyes Díaz, enviada

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CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
REPORTAJE
Gran desabasto de anticonceptivos en zonas rurales de Chiapas
Mala atención en salud reproductiva para adolescentes: Ddeser 
 
Tuxtla Gutiérrez, 1 oct 13 (Cimacnoticias).- A pesar de que el gobierno federal cuenta con programas especializados en salud sexual y reproductiva para adolescentes, la información sobre sexualidad y métodos anticonceptivos no llega de forma clara y “amigable” a la población joven de las zonas rurales del estado de Chiapas.
 
“Emma” acudió al Centro de Salud de Pacú, población rural de 2 mil 440 habitantes a 20 kilómetros de la capital chiapaneca. La joven dijo que tenía 15 años y solicitó orientación, ya que deseaba iniciar su vida sexual.
 
Tras ser atendida por una dentista que trataba de convencerla de que era “muy joven para tener relaciones”. Emma salió de la clínica sin ningún método, además con la creencia de que las pastillas anticonceptivas le causarían acné, aumento de peso y esterilidad.
 
Con el mismo fin, “Neto”, de 17 años, visitó el municipio de Venustiano Carranza y se dirigió al Hospital Rural de esta localidad de casi 15 mil 500 habitantes, donde fue atendido en el pasillo-corredor de la clínica por la enfermera en turno. 
 
Aunque finamente recibió tres condones masculinos, el joven se quedó con la idea de que el preservativo reduciría la sensibilidad en sus relaciones sexuales. 
 
“Emma” y “Neto” formaban parte del Monitoreo Directo de la Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, llevado a cabo en Chiapas por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). 
 
El escrutinio consistió en solicitar información sobre salud sexual en 11 unidades de salud en los municipios de Suchiapa, Cintalapa, Las Margaritas y Venustiano Carranza.
 
El monitoreo demostró importantes fallas en la ejecución del Programa de Acción Específico en Salud Sexual Reproductiva para Adolescentes (PASSRA), implementado por la Secretaría de Salud federal (Ss) desde 2007. 
 
Las carencias más evidentes son la falta de capacitación del personal, sesgo en la información proporcionada y limitado acceso a la diversidad de métodos anticonceptivos. 
 
A todo ello se suma el desabasto en los Centros de Salud. De acuerdo con el monitoreo, en cuatro unidades médicas de las localidades de Las Margaritas, Francisco I. Madero, Suchiapa y Pacú, se contaba únicamente con 32 cajas de pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE), 800 inyecciones, 26 dispositivos intrauterinos (DIU), 13 implantes y mil 200 condones masculinos.
 
En el último año el PASSRA, a través de la Ss, ejerció en la entidad un millón 393 mil 682 pesos, de los cuales más de 400 mil (el 30 por ciento) se invirtieron en “imagen corporativa”, el 22 por ciento en “campañas”, 300 mil pesos en “capacitación”, y 200 mil pesos en “foros juveniles”, de acuerdo con datos del Sistema Infomex.
 
CONTINÚAN EMBARAZOS TEMPRANOS 
 
A pesar de los esfuerzos en materia de salud reproductiva, la cifra de embarazos a temprana edad en la entidad se ubica en el tercer lugar a nivel nacional. 
 
Para Ángeles Salinas, coordinadora en Chiapas de Ddeser, este fenómeno tiene diversas aristas: por un lado –como lo demostró el monitoreo– los servicios de salud sexual y reproductiva no son “amigables”, y por el otro, ciertos usos y costumbres ven normal comenzar la maternidad a temprana edad; a ello se suma la desigualdad social de las mujeres frente a los varones para exigir el uso del condón.
 
En comunidades chiapanecas de menos de 15 mil habitantes la edad promedio para iniciar la vida sexual es de 17 años. En contraste, por cada 10 mujeres en edad reproductiva sólo tres utilizan un método anticonceptivo, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), la cual no incluye datos de usuarios varones en el uso de métodos de control natal.
 
Tema aparte son los embarazos tempranos producto de una agresión sexual. “Muchas veces se desconoce que la violación es una causal para la interrupción legal del embarazo”, agregó Salinas, por lo que a menudo la gestación continúa. 
 
DEFIENDEN MATERNIDAD VOLUNTARIA
 
Vestidas con telas coloridas, mallones negros y antifaces con lentejuelas, el pasado fin de semana una decena de mujeres jóvenes se manifestaron en la Plaza Morelos en el centro de Tuxtla Gutiérrez, a favor de la maternidad libre y voluntaria, como parte de la conmemoración por el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina.
 
Las jóvenes voces se escucharon en la explanada tuxtlense y de manera simbólica dieron un voto a favor de “una sexualidad libre y placentera”, educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, aborto libre y seguro, entre otras consignas. 
 
Las promotoras de Ddeser realizaron actividades lúdicas con adolescentes que se acercaban a preguntar sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. 
 
En Chiapas la interrupción del embarazo está tipificada como delito. El aborto se permite sólo bajo tres causales: si el embarazo es consecuencia de violación sexual, si el producto tiene malformaciones congénitas y si la vida de la mujer corre peligro debido a la gestación.
 
Chiapas forma parte de las 17 entidades federativas que desde 2008 modificaron sus constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, con lo que se abrió paso a restricciones en el derecho al aborto y a una criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos.

Engañoso Presupuesto para las mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Anayeli García Martínez

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REPORTAJE
Engañoso Presupuesto para las mujeres
Suben montos, pero van a programas que no fomentan equidad
 
Enrique Peña Nieto elimina becas para estudiantes embarazadas, y destina fondos para la operación de Laguna Verde con el argumento de que contribuyen a la “igualdad”. 
 
Lejos de fortalecer con más recursos a programas para atender a las mujeres, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2014 de Enrique Peña Nieto pretende desaparecer acciones a favor de la igualdad de género y –en el colmo– destinar fondos a medidas que nada tienen que ver con la equidad entre los sexos, tales como la generación de energía eléctrica.    
 
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) de la Cámara de Diputados realizó un análisis del PPEF 2014, y detectó que la propuesta elimina 29 programas, reasigna siete y crea 35 más para la “igualdad entre mujeres y hombres”.

Los recursos con ese fin están etiquetados en el Anexo 12 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, que tiene como objetivo promover la igualdad de género, y mejorar la eficacia del gasto público. Así, los montos etiquetados van encaminados a programas, proyectos y acciones orientadas a beneficiar directamente a las mexicanas.

El CEAMEG informó que el presupuesto del Anexo 12 tiene un incremento real de 10.5 por ciento, al pasar de 18 mil 760 millones 618 mil 532 pesos aprobados para 2013, a 21 mil 522 millones 526 mil 642 pesos proyectados para el próximo año.
 
ESPEJISMO 
 
Lo anterior pudiera parecer un avance significativo para la población femenina, pero en los hechos desaparecen de tajo programas que han contribuido a disminuir las brechas de desigualdad social entre los sexos.
 
En la SEP, por ejemplo, se eliminan seis programas. De aprobarse la propuesta de Peña Nieto, no tendrían continuidad las becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, y el de educación básica para niños y niñas de familias jornaleras migrantes.

En la Secretaría de Hacienda se pretende desaparecer cinco programas, entre ellos el de Promoción y coordinación de las acciones para la equidad de género; Organización productiva para mujeres indígenas, y Acciones para la igualdad de género con población indígena.
 
En el caso de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria), se extinguen el Programa de la Mujer en el Sector Agrario y el fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios. En su lugar se crea el programa de apoyo para la mujer emprendedora.
 
OPACIDAD
 
En su estudio del PPEF 2014, el CEAMEG encontró que la Secretaría de Energía agrega cuatro programas que si bien tendrán recursos que no son del Anexo 12, aparecen registrados como parte del gasto para “la igualdad entre mujeres y hombres”.  
 
Es en estos rubros donde de manera aparentemente engañosa la propuesta del Ejecutivo federal plantea acciones “a favor de las mujeres”, pero en realidad van dirigidas a la población en general.   
 
Tal es el caso de los programas Operación comercial de la red de fibra óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de calidad; Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica; Operación, mantenimiento y recarga de la nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de energía eléctrica, y el de Suministro de energéticos a las centrales de electricidad.
  
En el caso de la Secretaría de Turismo sí se pretende destinar recursos del Anexo 12, pero a programas de próxima creación que nada tienen que ver con las necesidades femeninas, por ejemplo: el de Asistencia integral e información turística; Promoción de México como destino turístico; Regulación y certificación de estándares de calidad turística, e Impulso a la competitividad del sector turismo.
 
Igualmente, la Secretaría de Marina con su programa Administración y fomento de la educación naval –agregado al Anexo 12– tendrá un aumento de más de 510 por ciento, ya que para este año tuvo 3 millones de pesos y se le proyectan 17 millones 10 mil 876 pesos para 2014. Sin embargo, no está claro si estos recursos beneficiarán a las mujeres 

En otra muestra de falta de transparencia en la asignación y ejercicio de los recursos a favor de las mexicanas, el CEAMEG reportó que el PPEF 2014 elimina la referencia que establecía que una vez aprobado el presupuesto anual, el Instituto Nacional de las Mujeres enviaría a cada dependencia un documento con los detalles de los montos por programa y unidad responsable, a fin de que cada secretaría tuviera claro en qué gastar los recursos.
 
La Cámara baja aún puede hacer ajustes al PPEF y tiene como plazo el próximo 15 de noviembre para aprobar el decreto de presupuesto, y con ello el gasto para la igualdad entre los sexos.

Aguardan reforma que dé seguridad social a parejas del mismo sexo

STAFF:Matrix Noticias/CimacNoticias/CanalMatrix/por: Nadia Altamirano Díaz, corresponsal

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DERECHOS HUMANOS
Aguardan reforma que dé seguridad social a parejas del mismo sexo
Se deben modificar leyes de IMSS e ISSSTE: De la Peña
 
Oaxaca, 28 sep 13 (Cimacnoticias).- Su decisión de amar a una mujer ha llevado a Karina a enfrentar diversos obstáculos, desde la discriminación de sus familiares hasta las limitaciones que las instituciones le han puesto en el ejercicio pleno de sus derechos.
 
Aunque en diciembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó a Karina y a su pareja un amparo que mandata a las autoridades oaxaqueñas a permitirles contraer matrimonio, todavía le falta iniciar otra batalla legal si quiere inscribir a su cónyuge como beneficiaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
Las adecuaciones legales que en 2009 hizo la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al igual que los juicios de amparo otorgados por la SCJN en Oaxaca, Colima, Yucatán y Chihuahua, permitieron que parejas del mismo sexo contrajeran matrimonio, pero el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) les niegan su derecho a solicitar la inclusión de sus familias, ya que ninguno reconoce los matrimonios o concubinatos que no sean entre heterosexuales.
 
La falta de adecuación en las leyes de ambos institutos, pero sobre todo la contradicción con los principios de la Constitución y de diversos tratados internacionales que enuncian el derecho a la igualdad, dieron pie a que la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña Gómez presentara ante la Cámara alta una iniciativa que reforma y adiciona las leyes del IMSS y el ISSSTE. El fin es brindar seguridad social a parejas del mismo sexo.
 
“Es absurdo, todas las personas pagamos impuestos por igual, al momento del cobro no nos preguntan si somos heterosexuales o no. Si para las obligaciones somos iguales, para el ejercicio de los derechos también debemos serlo”, consideró la legisladora, quien sólo encuentra explicación a la discriminación por orientación sexual en la doble moral que aún prevalece en el país.
 
Sostuvo además que en el caso particular del IMSS prevalece el prejuicio de que las parejas del mismo sexo, sobre todo mujeres, pueden “trampear” argumentando que viven en concubinato cuando en realidad una amiga quiere ayudar a otra, lo que a su parecer es “un prejuicio que crea un perjuicio”, ya que este tipo de datos falsos los pueden presentar también parejas heterosexuales o independientemente a la orientación sexual.

Para quien preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y es secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, la iniciativa que presentó al Pleno el pasado 10 de septiembre acoge las demandas del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersex (LGBTTTI).

 
La propuesta retoma también los amparos con los que el Poder Judicial ha favorecido a parejas del mismo sexo casadas en el Distrito Federal, a quienes se les negó la inscripción de las y los respectivos cónyuges porque la concepción de “familia” no se refiere o limita a la familia nuclear, sino que la protección de ésta debe cubrir todas sus formas y manifestaciones, incluyendo a aquellas que se constituyan con el matrimonio entre personas del mismo sexo.
 
“Sé que se han resuelto alrededor de cuatro amparos en el ISSSTE y que en el caso del IMSS hay resistencias, por eso es importante que se determine explícitamente en las leyes de ambos institutos y que las autoridades simplemente acaten estas adecuaciones”, expresó en entrevista la senadora perredista.
 
La aspiración es que estas reformas, que podrían ser aprobadas en el actual periodo ordinario, impidan discriminación alguna para personas del mismo sexo que decidan inscribir como beneficiarias a sus parejas, sin que les exijan algún otro requisito distinto al que solicitan a las parejas heterosexuales.
 
En concreto la iniciativa propone reformar las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 64 de la Ley del IMSS; así como los artículos 65, 66, 84, 93, 127, 130, 134, 135, 138, 144, 171, 201 y 205 y derogar el segundo párrafo del artículo 130 de la misma ley, para que las familias de las parejas del mismo sexo no sean excluidas de ejercer su derecho a contar con asistencia médica y tener garantizado la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.

CONGRUENCIA JURÍDICA

 
En opinión del abogado Alex Alí Méndez Díaz, quien ha promovido amparos en siete entidades del país para que parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, los casos en los que la SCJN ha ordenado al IMSS y al ISSSTE la inscripción de beneficiarias o beneficiarios cuando son parejas no heterosexuales deben influir para que las y los senadores aprueben la iniciativa promovida por De la Peña.

La decisión que tienen en sus manos no es de carácter político, ya que se busca lograr una congruencia en el sistema jurídico mexicano con relación a los últimos cambios jurisprudenciales en lo que hace al Derecho familiar, dijo el también integrante del Frente Oaxaqueño por el Respeto y el Reconocimiento de la Diversidad Sexual.
 
Desde la experiencia que tiene en la lucha por la no discriminación, estas reformas no van a reconocerle nuevos derechos a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio en el DF o tras promover un amparo, sino que les ahorrará el tener que tramitar un juicio de amparo para acceder a los beneficios de la seguridad social.
 
Mientras no haya el cambio a la ley y voluntad de las autoridades administrativas de interpretar las normas en atención al principio de igualdad y no discriminación, será necesario el trámite del juicio de amparo para hacer efectivos esos derechos.
 
Por ahora Karina no sabe si destinará esfuerzo y dinero a promover un juicio de amparo que en su momento le permita inscribir como beneficiaria a su pareja, con quien se casará en diciembre próximo.
 
El trabajo semiformal como diseñadora de muebles para una empresa de nueva creación no le otorga toda las prestaciones de ley a Karina, quien no ha cesado en la exigencia de que su patrón la inscriba en el IMSS, algo que quizá ocurra en octubre, antes de su matrimonio.
 
Que Karina pueda otorgarle a su pareja el beneficio de la seguridad social una vez que tenga IMSS es algo que les inquieta. Ambas saben que quizá tengan que recurrir a un segundo amparo, pero aún no sabe el costo ni el desgaste que ello conlleve. Toda su lucha ha sido “de clóset”, de bajo perfil. Sin embargo está dispuesta a intentarlo primero en el IMSS.
 
“Definitivamente no creo que en el IMSS me permitan darla de alta ni que la ley haya cambiado para entonces, pero no espero una respuesta tan agresiva, ni un rechazo tan exagerado”, expresó Karina, una mujer que como muchas personas no heterosexuales constata que la discriminación por orientación sexual limita el ejercicio pleno de sus derechos.

Impide Oaxaca a parteras realizar su labor

STAFF:Matrix Noticias/Cimacnoticias/CanalMatrix/Por: Citlalli López, corresponsal

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CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
REPORTAJE
Impide Oaxaca a parteras realizar su labor
Condiciona a embarazadas acceso a programa Oportunidades
 
Oaxaca, 31 ago 13 (Cimacnoticias).- De manera sigilosa, discreta, casi clandestina, Anastasia recibe cada mes la visita de Sofía, partera cercana a la comunidad.
 
Como quienes cometen algo ilícito, las mujeres se ocultan de las autoridades municipales, pues en las comunidades de ésta y otras zonas indígenas y rurales de Oaxaca recurrir a las parteras implica quedar fuera del programa Oportunidades.
 
Con ocho meses de embarazo, Anastasia espera su segundo hijo. Si todo marcha bien como hasta el momento, el parto será a finales de septiembre. Debido a la lejanía del hospital, la joven podría ser asistida por una partera, lo que implica perder el apoyo federal.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los estados con mayor porcentaje de partos atendidos por parteras son Chiapas (74 por ciento), Oaxaca (56), Guerrero (51), Tabasco (42), Puebla (33), y San Luis Potosí (27 por ciento).
 
Las organizaciones feministas en Oaxaca estiman que por cada 10 partos atendidos en hospitales, casi cuatro son atendidos por parteras tradicionales debido a diferentes circunstancias, tanto culturales como de lejanía de los servicios de salud.
 
Martha Castañeda, integrante del Centro para el Derecho de la Mujer “Naxwin”, señaló que condicionar los programas sociales con la prohibición de la atención con parteras constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, porque las mujeres “tienen que negar su cultura para poder tener acceso a servicios de salud”.
 
Por otro lado, expuso, a las parteras tradicionales se les prohíbe dar su servicio, incluso en algunos lugares hay una persecución y la constante amenaza de encarcelarlas si el parto se complica, refirió.
 
La especialista en temas de género indicó que el argumento de las autoridades es que la atención con parteras culmina en muerte materna (MM). “Eso no está comprobado porque también hay muerte materna en la atención institucional”, sostuvo.
 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
 
Un parto “institucional” o en clínica, dijo Martha Castañeda, no garantiza una atención de calidad y que sea totalmente seguro, por el contrario, añadió, “siguen cometiendo muchas cosas contraindicadas por la evidencia científica, como lo es la episiotomía”.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la episiotomía como la incisión en el perineo para agrandar el orificio vaginal y facilitar el parto.
 
De acuerdo con el informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, presentado el 21 de enero de 2012 por el Colectivo Huaxyacac, la violencia obstétrica es una de las “agresiones más constantes que sufren las mujeres en la entidad”.
 
Según el reporte, ese tipo de violencia está presente en la mayoría de los embarazos de las oaxaqueñas. En 2007 la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) registró que las quejas médicas por la atención de ginecología y obstetricia superan las del resto de los servicios de salud.
 
La Red en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos e México (Ddeser) documentó 385 situaciones violatorias relacionadas con demoras, violencia verbal y emocional, maltrato físico, falta de confidencialidad, falta de información y carencia de recursos en los servicios de ginecología y obstetricia.
 
MORIR EN EL HOSPITAL
 
Cristina Galante, coordinadora de Proyectos de la Organización Nueve Lunas, indicó que el Sector Salud también canceló la atención a mujeres embarazadas en el primer nivel sin tomar en cuenta que muchas de las comunidades están a dos o tres horas de distancia de un hospital regional.
 
Lejos de mejorar el primer nivel, de concentrarse en eso y ofrecer opciones para la atención de la salud de las mujeres gestantes, el Sector Salud ha concentrado todo en los hospitales regionales, sostuvo.
 
“Si antes morían más en la casa o el camino, se ha buscado la hospitalización generalizada en todos los partos pensando que eso impactaría en la reducción de muertes maternas, pero lo que ha sucedido es que las mujeres ahora se mueren en los hospitales porque no se tiene infraestructura, personal, recursos, equipo ni  medicamentos suficientes”, expresó.
 
Cristina Galante señaló que para maquillar las cifras de MM, el Sector Salud registra estos decesos como muertes por otras circunstancias no relacionadas con el parto. Aún así, en 2010 Oaxaca alcanzó la tasa de MM más elevada del país con 88.7 muertes por cada 100 mil nacidos vivos.
 
Los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna de los Servicios de Salud de Oaxaca indican que entre 2005 y 2011 la entidad acumuló 373 muertes de mujeres por causas relacionadas con su maternidad.

Maquinaria judicial mantiene en la cárcel a Clara Tapia

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Anayeli García Martínez

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REPORTAJE
Maquinaria judicial mantiene en la cárcel a Clara Tapia
Presa injustamente, espera condena por “corrupción de menores”
 
La semana pasada parecía decisiva para la libertad de Clara Tapia Herrera, presa injustamente por corrupción de menores, pero un fallo del TSJDF la mantendrá en prisión.
 
Desde hace dos años, Clara Tapia Herrera es acusada de violencia intrafamiliar y corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo, y de ser cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”.
 
El 6 de septiembre de 2011 la PGJDF detuvo a Iniestra Salas tras la denuncia de Clara, en la que lo acusó de violar y secuestrar a sus dos hijas, y de golpear y obligar a trabajar a su hijo.
 
Ese mismo día las autoridades llamaron a Clara para pedirle que fuera a reconocer a los detenidos. Cuando ella se presentó fue arrestada como cómplice de Iniestra Salas. Desde entonces está recluida acusada de corrupción de menores, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y actualmente en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, al sur del DF.
 
Durante la detención no se informó de qué se le acusaba y los funcionarios judiciales la expusieron ante los medios de comunicación afirmando que “Clara vendía a sus hijas a su secuestrador a cambio de que él no la dejara”.
 
Ante estas irregularidades, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) tomaron el caso.
 
Durante el proceso, los abogados encontraron que las únicas pruebas para inculpar a Clara eran las primeras declaraciones de sus dos hijos (su hija menor fue asesinada por Iniestra Salas en 2009), y un peritaje psicológico en el que se decía que ella era “mala madre” porque conocía los hechos, y no hizo nada para evitarlos.
 
Sin embargo más tarde, y después de terapia psicológica, los hijos de Clara ampliaron su declaración y señalaron que su madre siempre los cuidó y que no estaba enterada de los abusos. Incluso relataron que ella debía aportar todo su dinero porque Iniestra amenazó con matarlos.
 
El agresor hizo creer a las niñas que la relación era “normal” y las obligó a no decir nada a su madre; además –según declaraciones de todas las víctimas, contenidas en el expediente– las niñas y su madre vivían amenazadas, ya que el agresor les tenía prohibido cualquier tipo de comunicación.
 
Con estos indicios, en febrero de 2013 los abogados de la ANAD presentaron un “incidente de desvanecimiento de datos” ante el Juzgado 64 Penal. A través de este recurso, la defensa de Clara argumentó que durante el proceso se encontró que las pruebas que sirvieron para acusarla ya no existían.
 
A finales de febrero pasado, el juez Casiano Carlos Morales García notificó que era improcedente la libertad por desvanecimiento de datos, porque las consideraciones presentadas por la defensa serían analizadas cuando se emitiera la sentencia.
 
Ante la negativa, los abogados se inconformaron ante la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), instancia que se mostró interesada en resolver el caso porque era de “trascendencia y alto impacto social”.
 
Sin embargo, el pasado 7 de agosto las magistradas Irma Guadalupe García Mendoza y Rosalinda Sánchez Campos, y el magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, confirmaron la decisión del Juzgado 64 Penal, por lo que Clara deberá continuar el proceso en prisión hasta que se le dicte sentencia.
 
No obstante, Karla Micheel Salas y David Peña recordaron que la naturaleza del incidente por desvanecimiento de datos es evitar que una persona acusada de un delito permanezca en la cárcel de manera injusta. El Código de Procedimientos Penales del DF explica que es una figura para obtener la libertad sin llegar a la sentencia.
 
Con la resolución de la Sala Octava del TSJDF, Clara deberá continuar el proceso en prisión y esperar hasta que el juez haya recogido todas las pruebas para que analice su fallo, y decidir si queda en libertad o es condenada a prisión.
 
El fallo del TSJDF se dio pese a que un grupo de feministas pidió en una misiva a los magistrados que emitieran una decisión con enfoque de género, y consideraran que Clara es una mujer que ha sido víctima de violencia extrema junto a sus hijas e hijo.
 
Entre las firmantes de la carta están la española y experta en violencia de género Soledad Murillo; la consultora de Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuencia, Roxana Arroyo, y la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Solís García.
 
Según las feministas, era importante valorar la situación de Clara como víctima sobreviviente y no como cómplice de su agresor, pues en el proceso se demostró su inocencia, toda vez que “se desvanecieron las pruebas” que justificaron su encierro.

Miles de demandas; sólo 29 deudores alimenticios en el DF

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Anayeli García Martínez

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CONTEXTO
Miles de demandas; sólo 29 deudores alimenticios en el DF
Registro de Morosos incumple su función
 
México, DF, 19 ago 13 (Cimacnoticias).- En casi dos años se sumaron 29 personas al Registro de Deudores Alimenticios Morosos (Redam), una base de datos que se creó en agosto de 2011 para exhibir a los padres que adeudan tres o más meses de pensión alimenticia para sus hijas o hijos.
 
En 2011 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) reformó el Código Civil para el Distrito Federal con lo que se creó un registro a cargo del Registro Civil, que sirve de apoyo y como una forma de hacer cumplir los procedimientos jurídicos por alimentos.
 
Sin embargo, hasta ahora poco se sabe sobre el funcionamiento del Redam pues aunque el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Núñez, afirma que es público y se puede consultar, no hay indicios de la base de datos en la página web del Registro Civil.     
 
El funcionario explica que este registro es útil porque funciona como una exhibición moral de los padres que incumplen su obligación de brindar alimentos a sus hijos. Agrega que a largo plazo puede crear un efecto negativo y disminuir el número de padres morosos. 
 
Según la ley, a petición del Juez de lo Familiar, o en su caso de una sentencia o un acuerdo conciliatorio, los jueces del Registro Civil deben anotar a las personas en esta lista cuando hayan incurrido en morosidad o en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
 
El espíritu de las reformas aprobadas por la ALDF fue obligar a los padres a cumplir con la pensión alimenticia. La idea era que una vez que la persona estuviera inscrita en el registro, los patrones del deudor informaran al juez sobre la relación laboral, el sueldo y el puesto.
 
Con esos datos se tendrían elementos para que los jueces verificaran si no se estaba dando el pago de la pensión por una causa justificada, o de lo contrario, llamar a los padres para hacerlos cumplir su responsabilidad.
 
Además, de inmediato el Registro Civil inhabilitaría a los deudores alimentarios para desempeñar el cargo de tutores, albaceas, síndicos, así como para adoptar hijas o hijos, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) iniciaría una investigación para hacer una denuncia penal contra el deudor.
 
Una vez que el deudor alimentario moroso volviera a cumplir con sus obligaciones, debería solicitar la cancelación de su registro. No obstante, hasta ahora la Consejería Jurídica informa que hay 29 personas registradas sin especificar el monto adeudado.
 
Tampoco se sabe cuántas personas han sido encarceladas por adeudar la pensión alimenticia, pues también se reformó el Código Penal del DF para castigar esta conducta con uno a seis años de prisión y de 100 a 400 días multa.

Faltan abogados para atender demandas por pensión

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/por: Anayeli García Martínez

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REPORTAJE
Faltan abogados para atender demandas por pensión
Miles de mujeres no acceden a defensor de oficio
 
El GDF carece de personal jurídico suficiente para encargarse de los miles de juicios por pensión alimenticia que interponen las capitalinas cada año.
 
Al vía crucis que padecen miles de mujeres al entablar una demanda por pensión alimenticia, se suma la sobredemanda en los juzgados cuyos abogados no se dan abasto para resolver las demandas, y por tanto quedan desprotegidas las capitalinas que no pueden pagar un defensor privado.
 
La Consejería Jurídica, instancia dependiente del Gobierno del Distrito Federal, cuenta con una Defensoría de Oficio y Orientación Ciudadana, cuyo personal brinda asesoría y representa a las mujeres de manera gratuita.
 
Cada mañana, en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) se observan largas filas de mujeres que van a interponer demandas en materia familiar, según constató Cimacnoticias en un recorrido. Al día se reparten de 10 a 40 fichas y quienes no alcanzan a ser atendidas tienen que regresar en varias ocasiones.
 
Y es que los casos parecen rebasar la capacidad de los defensores. Las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que para 2011 en el DF se registraron 5 mil 4 pensiones para hijos y otras 293 para hijos y esposas.
 
Según el TSJDF, en seis meses, de diciembre de 2012 a mayo de 2013, se han recibido 11 mil 582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia, y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos.
 
Los datos de la Consejería Jurídica muestran que de enero a julio de este año ya van 3 mil 390 juicios de alimentos, de éstos, 3 mil 349 son casos demandados por mujeres y 41 por varones.
 
Sin embargo, el director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica, Jesús Rodríguez Núñez, considera que se atiende a la ciudadanía de forma “adecuada y eficiente”, y aclara que “no hay una saturación del servicio”.
 
El funcionario precisa que la Defensoría de Oficio cuenta con 480 abogados para atender materia familiar, civil, penal y mercantil. Explica que de este total, 100 se dedican exclusivamente a asuntos civiles, es decir, a litigar casos de alimentos, guarda y custodia y régimen de visitas en las 16 delegaciones capitalinas.
 
“Si estuviéramos perdiendo asuntos podríamos hablar de que no estamos atendiendo bien, pero ganamos 9 de cada 10”, advierte Rodríguez Núñez.
 
A partir del número de demandas por pensión alimenticia que ha atendido en 2013 la Consejería Jurídica, se puede establecer que cada uno de los 100 abogados destinados a los juicios civiles se encarga en promedio de cerca de 70 casos al año.
 
Ante la falta de personal suficiente para atender a las miles de mujeres que reclaman asesoría, el director de Servicios Legales de la Consejería Jurídica llama a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que asigne más recursos a la instancia y se pueda contratar a más personal, además de capacitarlo en estos temas.
 
Pese a las carencias, el funcionario asegura que se atiende a todas las mujeres que soliciten el servicio aunque no estén casadas, ya que –dice– se trata de proteger los derechos de la niñez.  
 
Según Rodríguez Núñez, la mujer que acude a solicitar el apoyo de un defensor de oficio prácticamente tiene asegurado que ganará el caso. Destaca que una ventaja de la Defensoría es que las mujeres pueden presentar la demanda el mismo día que preguntan por asesoría, pues si llevan todos los documentos se les lleva con el juez para que inicien el trámite.
 
FALTA DE TRANSPARENCIA
 
En agosto de 2011, la ALDF aprobó una serie de reformas legislativas a fin de garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Entre ellas, sancionar con cárcel a los padres deudores de la pensión alimenticia.
 
El artículo 193 del Código Penal del DF impone de tres a cinco años de prisión a quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos. Sin embargo, la Consejería Jurídica no tiene el dato de cuántas personas están en esa situación.
 
También las reformas legales crearon el Registro de Deudores Alimenticios Morosos (Redam) –dependiente del Registro Civil–, al cual –por orden de un juez– quedan inscritos los padres que incumplen la pensión.
 
El Redam funciona como una sanción moral, pero también quienes estén registrados por no pagar tres o más meses de pensión quedarán imposibilitados para vender un bien o una propiedad. Además el registro permite que las personas que desean contraer nupcias sepan si su pareja es un deudor alimentario.
 
Aunque ley estipula que esa base de datos es pública, no hay un sitio web donde pueda consultarse, por lo que se estaría incurriendo en falta de transparencia. De acuerdo con Rodríguez Núñez, hay 29 personas registradas en esa lista.

Dan sólo 3 años de cárcel a violador de niña con “retraso mental”

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Dan sólo 3 años de cárcel a violador de niña con “retraso mental”
Fue juzgado por “estupro”; proceso judicial con irregularidades
 
México, DF, 31 jul 13, (Cimacnoticias).- En 2009 Gabriela Sánchez López se trasladó del Estado de México a Guadalajara, Jalisco, en busca de mayores ingresos para que su hija adoptiva, Rosa Isela, tuviera mejores oportunidades de educación y de atención médica a su discapacidad visual y “retraso mental”.
 
En agosto de ese año, por una recomendación, conoció a Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, quien se presentó como un buen médico homeópata que podría tratarle adecuadamente a Gabriela su epilepsia y un recién diagnosticado cáncer de ovario.
 
Quince días después, Alejandro –que al igual que Rosa Isela es invidente– “invitó al mar” a Gabriela y comenzó a enamorarla; aunque ella sabía que estaba casado decidió iniciar una relación sentimental con él, pues le dijo “que su familia lo había abandonado y se iba a divorciar”.
 
A los dos meses, Alejandro –quien además de médico homeópata es maestro de música– le pidió a la mujer la oportunidad de darle clases de teclado a Rosa, entonces de 13 años, pues según él le ayudaría a incrementar sus capacidades auditivas y su desarrollo mental.
 
Gabriela estaba presente en las clases y sólo se ausentaba algunos minutos para ir a la cocina y preparar las paletas de hielo que vendía. Esos instantes eran aprovechados por Meneses Cervantes para tocar los senos y partes genitales de la niña.
 
El 5 de marzo de 2010, Alejandro acudió a casa de Gabriela para intentar convencerla de no terminar la relación, pues ella consideraba que le mentía “al no haberse divorciado”.
 
Durante la discusión ella le dijo que le dolía la cabeza. Al seguir siendo su médico, él le dio una pastilla para ayudarla a controlar el dolor, pero el medicamento no evitó que le diera una convulsión epiléptica que la dejó inconsciente por más de dos horas.
 
Eso fue algo “anormal” porque, según cuenta Gabriela, “en 20 años de enfermedad nunca había tardado más de dos minutos en despertar de un ataque”.
 
En ese momento Alejandro le pidió a la niña subir a su cuarto para que él pudiera atender el ataque que le estaba dando a su madre. Pero en lugar de auxiliar a Gabriela, el sujeto violó sexualmente a la niña. Para que ella no lo acusara, le dijo que si lo contaba “su mamá se iba a enojar”.
 
DENUNCIA
 
Diez días después de la violación –mientras su mamá la arreglaba y tras que le avisara que acudiría a un Sindicato de Música, pues Alejandro ya no sería su maestro de teclado–, la niña le contó a Gabriela lo que éste le hizo mientras ella “estaba tirada en el suelo”.
 
Ese mismo día (15 de marzo de 2010) Gabriela llevó a Rosa a la Agencia 08 Especializada en Delitos Sexuales del estado de Jalisco a denunciar los hechos. Tras narrar lo sucedido, el agente del Ministerio Público José Elías Moreno Tafolla inició la averiguación previa C/843/2010.
 
Rosa Isela fue sometida a pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas que comprobaron la ocurrencia de agresiones sexuales en su contra y las secuelas emocionales, además de que se comprobaron sus padecimientos mentales y visuales.
 
Sin embargo, a la averiguación previa sólo se integraron los informes médicos y psicológicos, y quedó fuera el dictamen del examen psiquiátrico que comprobaba que la menor padecía de sus facultades mentales.
 
El 19 de marzo, cuatro días después de la denuncia, Alejandro fue detenido por agentes ministeriales, quienes además lo acusaron del delito de cohecho –del que posteriormente fue encontrado inocente por falta de pruebas– al tratar de sobornarlos con 15 mil pesos para evitar el arresto. Alejandro fue acusado de violación y corrupción de menores.
 
El Código Penal de Jalisco señala en su artículo 175 que a quien cometa el delito de violación se le impondrán de 8 a 15 años de prisión, mientras que el artículo 142 A sanciona la corrupción de menores con 3 a 6 años de prisión. 
 
El artículo 176 –vigente en 2010– estipulaba como delito de violación el acto cometido contra un “menor de 12 años o persona privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiere oponer resistencia”.
 
No obstante, durante el desahogo de pruebas –etapa en la que el acusado hizo uso de tres testigos quienes dijeron que Gabriela inventó los hechos en “venganza” porque se había terminado la relación–, el dictamen del examen psiquiátrico de la menor de edad no se incorporó al expediente. En consecuencia, a Rosa Isela no se le acreditó su discapacidad mental. 
 
Así, según consta en la Averiguación Judicial penal número 141/2010-B, el Juzgado Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial en el estado de Jalisco, al considerar que las pruebas presentadas no comprobaban el delito de violación, reclasificó el delito a “estupro”.
 
En el Código Penal local vigente en ese momento el estupro se constituía cuando era cometido “contra una persona entre 12 y 18 años y de la cual se hubiera obtenido su consentimiento por medio de la seducción”.
 
De acuerdo con el expediente, cuya copia tiene Cimacnoticias, no se podía demostrar el delito de violación, pues por una parte no se “presentan huellas de violencia física alguna que pudiera develar la existencia de un trato físicamente violento desplegado en su contra”.
 
Y por otra parte –agrega el mismo documento– la víctima, al contar con 13 años de edad y “no obstante se constate que carece de la vista, ello la sitúa en igualdad de circunstancias al inculpado de quien también se dio fe presenta ceguera, lo que desde luego demuestra que no le representaba ventaja alguna sobre la ofendida y los situaba en igualdad de circunstancias”.
 
ANOMALÍAS PROCESALES
 
Debido a esas acciones, que Gabriela califica como “irregularidades y omisiones”, Alejandro pudo obtener su libertad condicional bajo caución el 30 de marzo de 2010 al pagar 25 mil pesos de multa y así continuar el proceso en libertad.
 
Entonces Gabriela denunció el hecho ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y evidenció las anomalías en que incurrió el personal judicial. También solicitó que el acusado fuera procesado por el delito de violación.
 
Ante su demanda de justicia, ella y su hija comenzaron a ser víctimas de constantes ataques y amenazas por parte de funcionarios judiciales y allegados de Alejandro. Se vieron obligadas a abandonar Guadalajara y trasladarse de nuevo al Estado de México.
 
Recientemente Gabriela fue notificada de que Alejandro Meneses fue sentenciado el pasado 21 de junio a 3 años y un mes de prisión por el delito de estupro, tiempo al que deberán restarse los días que estuvo detenido previamente.
 
Los abogados de la madre de la niña, ahora de 17 años y quien desde entonces recibe atención psiquiátrica, se ampararon contra la sentencia.
 
Cabe mencionar que el Juzgado no acató la recomendación 30/2010 de la CEDHJ en la que solicitaba que al momento de formular las conclusiones “se consideren todos los elementos de prueba y medios de convicción, en especial el contenido del dictamen psiquiátrico”. Sin embargo, Meneses Cervantes fue juzgado por estupro.
 
De haberse incluido el dictamen psiquiátrico se hubiera podido comprobar que mentalmente Rosa Isela no tenía 13 años de edad sino menos, por lo que según la ley el delito habría sido violación con la agravante de que se cometió contra una menor de 12 años.

Ley de Violencia del DF creó instancias a favor de las mujeres

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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CONTEXTO
Ley de Violencia del DF creó instancias a favor de las mujeres 
Pionera en su tipo, instauró mecanismos de protección

Primera en su tipo a escala nacional, en 1996 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, que define los procedimientos para prevenir y atender estas agresiones en la capital del país.
 
La legislación define este tipo de violencia, en su mayoría perpetrada contra las mujeres, quiénes son sus generadores y quiénes sus receptores.
 
Establece que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico que está dirigido a someter, controlar a cualquier miembro de la familia, y puede darse a través del maltrato físico, psicoemocional o sexual.
 
La norma precisa que corresponde a las delegaciones brindar atención adecuada a través de las Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (Uapvif).
 
Actualmente existen 16 Uapvif en igual número de delegaciones en la ciudad, que tienen como objetivo brindar atención jurídica, psicológica y de orientación a las mujeres víctimas de violencia, así como el otorgamiento de órdenes de protección de emergencia.
 
Por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) depende el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI), que tiene como objetivo atender a mujeres agredidas por sus parejas sentimentales.

También depende de la PGJDF el Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Familiar (CARIVA), que brinda asistencia social inmediata, atención y tratamiento psicológico, asesoría legal, seguimiento jurídico en materia penal, atención médica de emergencia, y la elaboración de dictámenes psicológicos victímales.
 
El Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) brinda atención y asistencia multidisciplinaria a las víctimas directas e indirectas de los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, y brinda atención psicológica, trabajo social, atención médica que va desde la orientación de la interrupción legal del embarazo (ILE), y la administración de medicamentos antirretrovirales.
 
Con la ley de 1996 también se creó el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el DF, que es presidido por el Jefe de Gobierno e integrado por las secretarías de Gobierno, Educación, Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública, el Sistema DIF del Distrito Federal, la PGJDF, tres diputados o diputadas de la ALDF, y tres representantes de grupos civiles.

Rebasado el DF para atender violencia de género

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anaiz Zamora Márquez

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REPORTAJE
Rebasado el DF para atender violencia de género
Insuficientes leyes e instituciones ante incremento del delito
 
El DF, entidad con una de las mejores maquinarias contra la violencia hacia las mujeres, no ha logrado abatir la incidencia de un flagelo que va en aumento. 
 
Aunque en años recientes el Distrito Federal ha ampliado sus acciones e instancias para atender la violencia contra las mujeres, las cifras oficiales indican que lejos de disminuir estos delitos van al alza.
 
A 17 años de que entró en vigor la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, ahora existen en el DF 16 Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar (Uapvif), refugios para mujeres, y seis unidades especializadas en la denuncia e investigación de los delitos sexuales.
 
La Secretaría de Desarrollo Social del DF (Sedeso) reporta que en los últimos cinco años alrededor de 918 mil personas fueron atendidas por los servicios contra la violencia intrafamiliar, en su mayoría mujeres (84 por ciento), y niñas y niños (10 por ciento).
 
La Sedeso también informa que desde 2008, cuando se creó el Programa de Reinserción Social para Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, hasta 2012 fueron apoyadas 2 mil 547 mujeres en este rubro.
 
No obstante, las cifras de atención a víctimas no se traducen en una reducción en las agresiones de género. Todo lo contrario.
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh), en el DF la violencia de pareja aumentó en más de 8 por ciento en cinco años.
 
Mientras que en 2006 el 43.5 por ciento de las mujeres reportó  haber sufrido un incidente de violencia en su relación de pareja, para 2011 el porcentaje ascendió a 51.9 por ciento, lo que coloca al DF como la cuarta entidad donde más se violenta a la población femenina, sólo superada por el Estado de México, Nayarit y Sonora.
 
A lo anterior se suman los datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que indican que de enero de 2011 a junio de 2012 fueron atendidos 15 mil 276 casos de violencia de género, mientras que en el mismo periodo ocurrieron 145 asesinatos de mujeres.
 
Asimismo, la alta incidencia en el número de delitos contrasta con las pocas órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia expedidas por el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) –dependiente de la PGJDF–, pues de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de enero de 2011 a junio de 2012 esa instancia sólo otorgó 564 órdenes, de las cuales se desconoce su seguimiento.
 
NORMAS E INSTANCIAS DE AVANZADA
 
El DF es una entidad pionera en legislar contra la violencia de género. En julio de 1996 entró en vigor la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, con el fin de “establecer las bases y procedimientos de asistencia para la prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal”.
 
La legislación impulsó la creación de programas de prevención y atención a la violencia familiar, así como de centros de atención a las víctimas.
 
De la PGJDF dependen, además del CAVI, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA); el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CARIVA), y el Centro de Atención Psicológica a Víctimas de Amenazas y Personas Generadoras de Violencia Familiar (CIVA).
 
La mayoría de estos centros y unidades brindan apoyo y asesoría a mujeres víctimas de violencia con personal en atención psicológica, jurídica y de trabajo social, para que posteriormente las mujeres sepan a qué instancia acudir y que ellas continúen el procedimiento.
 
Las capitalinas pueden acceder a programas de la Sedeso, como el Seguro contra la Violencia y el Programa de Reinserción Social. Para ello deben ser canalizadas por un centro o unidad de atención donde son evaluadas, es decir, no pueden solicitarlo directamente.
 
VIOLENCIA SEXUAL, TALÓN DE AQUILES
 
Con todo este aparato normativo e institucional, el gobierno local no ha podido abatir la grave violencia sexual contra las mujeres, toda vez que 18.8 por ciento de las capitalinas mayores de 18 años declaró haber sufrido ese tipo de agresión en algún momento de su relación de pareja, según la Endireh 2011.
 
ONU-Mujeres revela que en 2010 se denunciaron mil 162 violaciones sexuales, con un promedio de 27.6 mujeres violentadas por cada 100 mil capitalinas. La PGJDF tiene el registro de 2 mil 323 delitos sexuales denunciados en 2012.
 
Del 1 de marzo de 2011 al 29 de febrero de 2012, la Procuraduría ejerció acción penal en mil 813 indagatorias sobre violencia sexual, pero no especifica en qué consistieron tales acciones, así como tampoco detalla en qué manera se llevaron a cabo las pesquisas por parte de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales.

Servicios “amigables” no operan y las indígenas son excluidas

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Mabeth Bolaños Aquino, corresponsal

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CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
REPORTAJE
Servicios “amigables” no operan y las indígenas son excluidas
Oaxaca: gran rezago en atención a salud sexual de adolescentes
 
Oaxaca, 8 jul 13 (Cimacnoticias).- Entre los puestos de pan, verduras, flores y zapatos, camina María del Carmen con su hijo de tres años en la espalda, cobijado por un rebozo. Es lunes, día de plaza en Miahuatlán de Porfirio Díaz, comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.
 
Ella es habitante de Santa Lucía, Miahuatlán, tiene 19 años y hasta el momento tiene un hijo, pero no descarta otro embarazo. “Mi esposo quiere la niña. Mi mamá dice que no puedo dejar solo a mi hijo”.
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 10 años (1999-2009), en el país se mantiene la tasa de 2.9 hijos en promedio. En el caso de Oaxaca disminuyó de 3.3 a 2.6, octavo sitio nacional por reducción.
 
Junto a María camina su hermana menor, Luisa, tiene 16 años y espera a su primer hijo. “No sé que sea, niño o niña. Juan, mi esposo, quiere niño y ya me dijo que quiere dos, pero apenas voy con el primero”.
 
Ambas son parte del 16.9 por ciento de mujeres que en su primera relación sexual no utilizaron ningún método anticonceptivo, y del 30.3 por ciento que continúan sin usar alguno.
 
En el estado, el 69.7 por ciento de mujeres en edad fértil y sexualmente activas no controlan su maternidad con un método, cifra por debajo de la media nacional, que es del 76.6 por ciento, con base en cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo).
 
“¿Cómo se cuidan para no tener muchos hijos?”, se les pregunta. Carmen y Luisa bajan la mirada, sonríen de manera penosa. La menor toma su trenza y la muerde.
 
“De eso no se habla”, dice María del Carmen, “los hijos que quieran nuestros esposos o los que nos mande Dios”.
 
Aunque las hermanas no se casaron como intercambio monetario o en especie como en otras comunidades de Oaxaca, sí deben mantener el rol de dedicarse al hogar, cuidar a las y los hijos, y no decidir sobre su maternidad.
 
MALA ATENCIÓN EN SALUD
 
A pesar de que Oaxaca es de las entidades piloto para el programa nacional del modelo “amigable” para la atención de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, éste no se aplica.
 
Un ejemplo de ello es el Centro de Salud Urbano número 1, dependiente de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), donde al solicitar información indican que las pláticas comenzarán en un par de meses, sin tener una planificación ya elaborada.
 
Y cuando una joven pregunta sobre métodos anticonceptivos le comentan sobre los parches, la pastilla anticonceptiva y el dispositivo intrauterino (DIU), dejando fuera el condón masculino.
 
Con base en el “Monitoreo de la instrumentación del Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2007 y 2012”, realizado por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), muestra que a las y los jóvenes y adolescentes no se les garantiza su derecho a la salud sexual y reproductiva.
 
En 2012 en Oaxaca se tenían registrados oficialmente cuatro Servicios Amigables para Adolescentes, sin embargo en la entidad habitan 730 mil 680 personas entre 12 y 20 años, lo que evidencia que la oferta de estos servicios no es suficiente para garantizar el acceso.
 
Los Servicios Amigables para Adolescentes fueron creados con el objetivo de atender la salud sexual y reproductiva de manera integral y en un marco de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
El Monitoreo agrega que la mayoría de estos servicios están ubicados en asentamientos urbanos, lo cual excluye a la población indígena aún más desatendida.
 
Mayra Morales Aldáz, representante de Ddeser en Oaxaca, señaló que en materia de presupuesto también resulta insuficiente, y esta carencia repercute en el abasto de anticonceptivos. En 2012, por ejemplo, hubo desabasto de condones, método más solicitado entre los adolescentes.
 
El respeto a la privacidad de las y los adolescentes parece ser una carencia importante de los servicios de salud sexual y reproductiva de Oaxaca.
 
De manera general, las y los usuarios manifestaron no sentirse cómodos al momento de solicitar las consejerías debido a transgresiones a su intimidad y a la obligación del secreto profesional médico.
 
A las y los usuarios simulados los atendieron en la recepción o en la sala de espera, a la escucha del resto del personal que labora en los centros y de los demás pacientes.

Reprueba Oaxaca en atención a salud sexual de las adolescentes

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Citlalli López, corresponsal

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CAMPAÑA PERIODISTAS POR EL RESPETO DE LOS DSyR DE LA JUVENTUD
REPORTAJE
Reprueba Oaxaca en atención a salud sexual de las adolescentes
Servicios “amigables” no son tales; violentan derechos
 
Oaxaca, 26 jun 13 (Cimacnoticias).- Falta de información, déficit de anticonceptivos y pobre acceso a los servicios “amigables” para adolescentes, son los elementos que reprobaron a Oaxaca en la fiscalización del abasto y uso de métodos de control natal.
 
El análisis realizado desde la sociedad civil (2007-2010) en Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Tlaxcala revela que, en general, una de las principales carencias en las unidades médicas está relacionada con el uso de la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE).
 
En Oaxaca, detalla el informe, los responsables de las unidades médicas piden como requisito que quien solicite la PAE debe ser un adulto o ir acompañado de una persona mayor; en algunos casos no había PAE; resultaba más fácil comprarla en una farmacia; bajo abastecimiento, o que el personal no estaba capacitado para proporcionar consejería sobre su uso.
 
Mayra Morales Aldáz, coordinadora en Oaxaca de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), abundó que en Oaxaca las mujeres son restringidas al uso del DIU como único método anticonceptivo, y sólo se les proporciona a aquellas mujeres que son afiliadas al Seguro Popular en el caso de la atención que brindan los Servicios de Salud de Oaxaca.
 
El acceso a métodos anticonceptivos, sostuvo, tiene que ser libre y abierta a la población en general, por lo que el imponer esta condicionante transgrede la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.
 
Adicionalmente, el Monitoreo de la Instrumentación del Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2007 y 2012 muestra que las y los jóvenes y adolescentes son otra población a la que no se les garantiza su derecho a la salud sexual y reproductiva.
 
En 2012 en Oaxaca se tenían registrados oficialmente cuatro Servicios Amigables para Adolescentes, sin embargo en la entidad habitan 730 mil 680 personas entre 12 y 20 años, lo que evidencia que la oferta de Servicios Amigables no es suficiente para garantizar el acceso.
 
Los Servicios Amigables para Adolescentes fueron creados con el objetivo de constituir una respuesta adaptada, para atender la salud sexual y reproductiva de manera integral y en un marco de respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
El Monitoreo agrega que la mayoría de estos servicios están ubicados en asentamientos urbanos, lo cual deja a la población indígena aún más desatendida.
 
Morales Aldáz añadió que en materia de presupuesto también resulta insuficiente, y esta carencia repercute en el abasto de anticonceptivos. En 2012, por ejemplo, hubo desabasto de condones, método más solicitado entre los adolescentes.
 
El respeto a la privacidad de las y los adolescentes parece ser una carencia importante de los servicios de salud sexual y reproductiva de Oaxaca.
 
De manera general, se reporta, las y los usuarios manifestaron no sentirse cómodos al momento de solicitar las consejerías debido a transgresiones a su intimidad y a la obligación del secreto profesional médico.
 
A las y los usuarios simulados los atendieron en la recepción o en la sala de espera, a la escucha del resto del personal que labora en los centros y de los demás pacientes.
 
Lo anterior, precisa el documento, ocurrió en los centros de salud de San Mateo del Mar, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Pedro y San Pablo Ayutla, Huazantlán del Río, y Santa María El Tule.
 
CAMPAÑA JUVENIL
 
Ante el difícil acceso de información que tienen las y los jóvenes y adolescentes de las comunidades indígenas y rurales, la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir (RNCJDD) Oaxaca, arrancó a inicios de junio la campaña “Sí, Derechos” en los municipios de Teotitlán del Valle y San Jerónimo Tlacochahuaya.
 
A través de actividades culturales e informativas en las calles y espacios de encuentro de jóvenes, pintas de bardas (previamente autorizadas por propietarios, con el aval municipal y de las autoridades locales), difusión de spots de radio y brigadas informativas que distribuirán materiales sobre derechos sexuales, las y los jóvenes están reclamando sus derechos.
 
El proceso creativo de esta campaña es acompañado por el colectivo Grafitiarte, que cuenta con 10 años de experiencia en el uso del espacio público como medio de expresión para la juventud.
 
Los mensajes que acompañan la campaña están centrados en promover una sexualidad positiva, libre de culpas, que empodere a la juventud para vivir con alegría, responsabilidad y placer su sexualidad.
 
Los mensajes están dirigidos a jóvenes entre 16 y 25 años que estudien, trabajen y sean padres y madres de familia y con acceso a internet. Las imágenes permanecerán durante los meses de junio y julio en bardas de ambas comunidades.
 
La campaña “Sí, Derechos” responde a una necesidad de generar apertura en temas de derechos sexuales para jóvenes de comunidades rurales e indígenas que permita abrir el diálogo con sus pares, y legitimar el trabajo de difusión de mensajes alusivos a la sexualidad y a los derechos para la vivencia de una sexualidad libre de mitos, prejuicios y tabúes.
 
Asimismo promueve la colaboración y participación activa de las y los jóvenes de dichas comunidades.
 
En México las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años en promedio. La gran mayoría de ellos (97 por ciento) conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual.

Por su tipo de sangre, mujeres no acceden a ILE

STAFF:Matrix Noticias/CanalMatrix/CimacNoticias/Por: Anayeli García Martínez

CIMAC Noticias

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REPORTAJE
Por su tipo de sangre, mujeres no acceden a ILE
Si son RH negativo deben comprar vacuna que no brinda el GDF
 
Para las mujeres que desean recurrir a un aborto en el DF, desconocer su grupo sanguíneo puede ser un obstáculo para ejercer este derecho.
 
El hecho de que una mujer tenga tipo de sangre RH negativo se puede convertir en un impedimento para que ejerza su derecho al aborto en el Distrito Federal, garantizado en las leyes capitalinas desde 2007.
 
En caso de tener ese tipo sanguíneo, la mujer que desee acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) tendrá que comprar una vacuna especial, la inmunoglobulina (o gammaglobulina) anti D, –la cual no brindan los servicios de Salud del gobierno capitalino y cuyo precio asciende hasta los 2 mil pesos–, para evitar que afronte problemas sanitarios en próximos embarazos.   
 
Así le ocurrió a “Andrea”, una joven de 23 años con seis semanas de gestación, quien sin tener la información suficiente por parte de las autoridades, en febrero pasado acudió a la Clínica Comunitaria Santa Catarina en Iztapalapa, adscrita a la Secretaría de Salud local (Ss-DF), para interrumpir un embarazo no deseado.
 
El médico le preguntó su tipo de sangre, y como muchas personas, “Andrea” desconocía el dato. Le hicieron una prueba de laboratorio y resultó ser O RH negativo, lo que provocó que no le practicaran la ILE. 
 
El doctor le indicó que –“como lo marca el protocolo de atención”– antes de acceder al servicio ella debía estar vacunada con la inmunoglobulina anti D.
 
RAZONES MÉDICAS
 
El gineco-obstetra Patricio Sanhuesa, responsable de Salud Sexual y Reproductiva de la Ss-DF, explica que la aplicación de esa vacuna es un procedimiento preventivo para evitar que las mujeres con tipo de sangre RH negativo generen anticuerpos (isoinmunización materna), y en futuros embarazos su sistema inmunológico ataque la sangre del feto.

Pero a “Andrea” ninguna autoridad de la Ss-DF le informó al respecto antes de tomar la difícil de decisión de acudir a las instancias de salud, para interrumpir su embarazo.
 
Muy al estilo mexicano, “a la mera hora” los médicos le dijeron a la joven que debía llevar la vacuna, la cual para colmo no es de fácil adquisición, pues debe comprarse en farmacias especializadas, aunque no en todas está disponible.
 
“Andrea” pagó en el banco cerca de 2 mil pesos para comprar la inmunoglobulina anti D, una vacuna tan delicada que incluso se vende en una pequeña hielera porque no puede estar a temperatura ambiente. 
 
Días después, la joven regresó a la clínica de Iztapalapa donde le aplicaron la dosis y después le realizaron la ILE. Los médicos le advirtieron que por su condición sanguínea en próximos embarazos o eventos obstétricos tendría que volver a vacunarse.
 
FALTA DE INFORMACIÓN
 
“Andrea” cuenta que andar de farmacia en farmacia buscando la vacuna la desgastó psicológicamente, ya que además de preocuparse por la ILE tuvo que poner atención en cómo cumplir un requisito que nadie le informó.
 
“Yo conté con la posibilidad de adquirirla gracias a que mi pareja me apoyaba y contaba con dinero en ese momento, pero me imagino que ha de haber otras personas que han de tener más dificultad para poder adquirirla”, comenta la joven. 
 
Por ello, “Andrea” llama a los servicios de salud del DF a que proporcionen la información correspondiente y evitar así contratiempos a las mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir.
 
Oriana López, coordinadora del Fondo de Aborto para la Justicia Social “Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento”, mejor conocido como Fondo María, advierte que efectivamente hay mujeres que no pueden adquirir la vacuna.
 
Considera que la dosis debería proporcionarse en los servicios de salud pública, pero reconoce la “falta de presupuesto e infraestructura” en el gobierno local, además de la falta de información sobre los riesgos y padecimientos del embarazo.
 
“No es la mayoría de los casos, pero tampoco es algo para no mencionar, es algo que pasa y las mujeres tienen que estar al pendiente de cuál es su tipo de sangre y su RH”, apunta.
 
Héctor Baptista-González, coordinador de Hematología Perinatal del Instituto Nacional de Perinatología, explica que el RH negativo es un grupo sanguíneo que por sí mismo no produce ninguna enfermedad, pero que es importante conocer.
 
El especialista detalla que el problema surge cuando una mujer RH negativo tiene un embarazo de feto RH positivo, porque el sistema inmunológico de la gestante crea anticuerpos que al afectar al producto le causan anemia e incluso la muerte.
 
Baptista-González expone que en el primer embarazo los anticuerpos no actúan de inmediato y no afectan al recién nacido, sin embargo la memoria inmunológica de la madre hace que los efectos sean mayores en siguientes embarazos, por lo que es seguro que la mujer genere anticuerpos contra la sangre del feto y haya afectaciones al producto.