Cuánto más hay que esperar para erradicar el feminicidio

STAFF:MTXnoticias/Agencia:Cimac/Por Guadalupe Cruz Jaimes

REPORTAJE
Cuánto más hay que esperar para erradicar el feminicidio
La impunidad en los estados de México y Guerrero

Los estados de México y Guerrero son un claro
ejemplo de que la omisión y falta de acción
gubernamental, permiten que los asesinatos de
niñas y mujeres ocurran, y queden impunes.

Un caso es el homicidio de Nadia Alejandra,
asesinada por Bernardo e Isidro López Gutiérrez,
cónyuge y cuñado respectivamente, el 12 de
febrero de 2004 en el municipio mexiquense de
Villa Nicolás Romero, frente a su hija de dos
años y sus hijos de cuatro y cinco años de edad.

En su declaración, ampliada en dos ocasiones ante
autoridades ministeriales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México (PGJEM)
en Cuautitlán Izcalli, los niños relatan que
Bernardo e Isidro golpearon a su mamá, la
introdujeron a la cisterna y, con una soga
enredada al cuello, la colgaron de una viga en el
baño de su casa para simular un suicidio.

Nadia de 24 años de edad, fue privada del derecho
a la vida, justo el año en el que el Estado de
México ocupó el tercer lugar en feminicidio a
nivel nacional, donde uno de cada cuatro
homicidios de mujeres ocurrió en la entidad.

Incluso, Villa Nicolás Romero, fue considerado
uno de los 14 municipios mexiquenses donde se
concentró el 60 por ciento de los homicidios contra mujeres en 2004.

De acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en el Estado de
México de 2000 a 2003, se registraron mil 288
asesinatos de niñas y mujeres, casi un homicidio
al día y la mayoría quedaron impunes debido a
“irregularidades” en el proceso.

De los 321 homicidios dolosos que registró el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de
México (TSJEM), de 2000 a 2005, sólo 35 por
ciento de los responsables fueron condenados y el
20 por ciento tenía orden de aprehensión sin
cumplir, el resto seguía en proceso.

El homicidio de Nadia fue juzgado por la Primera
Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, donde se
determinó en febrero pasado, que la joven se
suicidó, ignorando “irregularidades” cometidas
por servidores públicos, desde el levantamiento
del cuerpo, señaló Ana Yeli Pérez, de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Con el fallo del TSJEM, Isidro López Gutiérrez
quedó en libertad, a pesar de que cuatro meses
antes, había sido condenado a 42 años de prisión
por homicidio doloso con todas las agravantes,
por el juez tercero de lo penal de la PGJEM, Felipe Landeros Herrera.

Los magistrados del Tribunal, no tomaron en
cuenta que la soga con la que Nadia fue asesinada
“se extravió”, que los peritos no sellaron el
lugar de los hechos y que el ministerio se negó a
analizar una camisa manchada de sangre extraída de la casa de la joven.

A pesar de que todo era fundamental para llegar a
la conclusión del caso, indicó Noé Guillén,
perito en criminalística, quien realizó el
dictamen por el que la PGJEM consignó la
averiguación previa por el homicidio contra Nadia en febrero de 2005.

Ante ello, María Antonia Márquez, madre de Nadia,
quien desde el homicidio de su hija lucha por la
impartición de justicia, interpuso una demanda,
en febrero de 2009, ante la Mesa de
Responsabilidades de Tlalnepantla, en contra de quien resulte responsable.

EL SILENCIO DEL FUNCIONARIO

Ha pasado un año y ocho meses, María Antonia ni
siquiera ha recibido las copias de la denuncia,
no hay avance, por lo que esta semana la señora
cuestionó a Alfredo Castillo Cervantes, titular
de la PGJEM, en la Cámara de Diputados, acerca de
cuánto tiempo más tiene que esperar para recibir
una respuesta. El funcionario no le respondió.

El Procurador se reunió en San Lázaro con la
Comisión Especial de Feminicidios, a quienes
informó que de 2005 a la fecha se registraron 597
asesinatos de niñas y mujeres. Reconoció que en
el 56 por ciento de los casos se desconoce al homicida.

Señaló también que en lo que va de 2010, se
cerraron 18 averiguaciones de asesinatos de
mujeres y se iniciaron 113. Mientras que en 2009,
la dependencia emitió 12 sentencias condenatorias, de los cerca de 600 casos.

Según la PGJEM 64 por ciento de las víctimas
tenía entre 11 y 40 años de edad y en la mayoría
de los casos el agresor era un conocido.

LA SITUACIÓN EN GUERRERO

Los hechos se repiten en Guerrero, donde la
Procuraduría del estado registró 239 asesinatos
de mujeres de 2005 a 2010, de los cuales 42
pueden quedar impunes. Los responsables podrían
quedar en libertad por falta de pruebas.

Así lo señaló David Sotelo Rosas, titular de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Guerrero, en reunión de trabajo con la Comisión
Especial de Feminicidios, donde mencionó que en
los últimos cinco años, se realizaron 52
averiguaciones previas con detenido y 16 sin detención del responsable.

Durante ese tiempo, se giraron 72 órdenes de
aprehensión por homicidios dolosos, de las cuales 48 se llevaron a cabo.

En la reunión de trabajo con las diputadas de la
Comisión, los procuradores fueron comprometidos a
llevar a cabo acciones para garantizar el acceso
a la justicia a las víctimas de feminicidio.

Entre ellas, están la capacitación permanente del
personal y la información respecto a los casos de
violencia contra las mujeres, previstas en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, vigente desde 2007.

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